Que los votantes elijan a la Junta Directiva de la RTD

La Asamblea Legislativa de Colorado está tomando medidas para sustituir a casi la mitad de los miembros electos de la junta directiva de RTD por personas designadas políticamente, sin consultar a los votantes. Creemos que nuestro sistema de transporte público debe seguir siendo elegido democráticamente.

La RTD es una agencia pública con una gran responsabilidad en la movilidad, el acceso, la oportunidad económica y la calidad de vida en toda la región de Denver. Sus decisiones afectan a los usuarios, contribuyentes, empleadores, estudiantes, personas mayores y comunidades en cada parte del distrito. Una agencia con tanta importancia pública debe seguir siendo directamente responsable ante las personas a las que sirve.

Nuestra postura es sencilla:

• Todos los miembros con derecho a voto de la Junta de RTD deben ser elegidos.
• Cualquier cambio en la estructura de la Junta Directiva de la RTD debe ser aprobado por los votantes.

Este nuevo proyecto de ley reduciría el número de miembros de la junta directiva elegida de RTD de 15 a 5, cuadruplicaría el número de firmas necesarias en la petición para presentarse a esos puestos y cedería cuatro puestos de la junta a personas designadas por el gobernador, todo ello sin someterlo a votación pública. Una decisión de tal trascendencia merece una deliberación en profundidad y que los votantes a los que afecta puedan expresar directamente su opinión.

Una junta directiva elegida otorga a los residentes una voz directa en quién gobierna la RTD. Permite a los votantes recompensar un liderazgo sólido, exigir cambios cuando el rendimiento es deficiente y asegurar que las personas que toman decisiones importantes sobre el tránsito sigan siendo responsables ante las comunidades a las que sirven.

El proyecto de ley también dificulta la candidatura a los escaños electivos que quedan. Según la legislación vigente, los candidatos necesitan 250 firmas de apoyo para poder presentarse a las elecciones. El proyecto de ley aumentaría ese número a 1 000 —cuatro veces más— en distritos que, además, son tres veces más grandes. Esa no es una reforma destinada a fortalecer las elecciones.

La RTD necesita una gobernanza sólida y una supervisión adecuada. Pero esos objetivos no requieren reducir el papel del público. Las preocupaciones sobre la eficacia, la capacitación, la experiencia y la rendición de cuentas de la junta deben abordarse de manera que fortalezcan la gobernanza, preservando al mismo tiempo la representación democrática.

Reemplazar los puestos electos por otros designados reduciría el control directo de los votantes sobre una de las instituciones públicas más importantes de la región. La RTD debe seguir siendo gobernada por representantes elegidos por el público. Y si alguien desea cambiar esa estructura, los propios votantes deberían tener la última palabra.