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El Comité de Rendición de Cuentas de RTD quiere reducir el consejo de 15 miembros elegidos a un total de 9 miembros (5 elegidos + 4 designados). Los partidarios de esta medida la califican de «reinicio práctico». Los detractores afirman que debilita el poder de los votantes. En esta página encontrarás un resumen antes de profundizar en el artículo completo.
Todos los escaños con derecho a voto son elegidos por los votantes.
Menos elecciones y más garantía de experiencia en los nombramientos.
La comisión señala problemas relacionados con el tamaño, la falta de experiencia, la falta de competencia en las elecciones y una supervisión deficiente.
Reducir el número de miembros del consejo y reservar algunos puestos para personas con perfiles específicos.
Los detractores sostienen que se puede mejorar el rendimiento sin eliminar escaños electos.
Posibles mejoras en la gestión, pero una clara pérdida de control directo por parte de los votantes.
Sí. El análisis detallado apunta a la formación de los miembros del consejo, la mejora de las reservas de candidatos, una información presupuestaria más clara y una delimitación más nítida de las funciones del consejo y la dirección como reformas que no requieren reducir el número de puestos electos.
Cuando se producen recortes en el servicio y ajustes presupuestarios, los usuarios necesitan saber exactamente quién tomó esas decisiones. Los consejos de administración elegidos por votación popular permiten que esa responsabilidad sea más fácil de atribuir en época de elecciones.
Es posible que se garantice la competencia técnica, pero también se retira parte del poder de decisión de RTD de los votantes del distrito y se traslada a nombramientos confirmados mediante procesos a nivel estatal.
Por un lado, se afirma que la Asamblea Legislativa puede hacerlo mediante una ley. Por otro, se sostiene que los votantes deberían aprobar cualquier cambio en el sistema de representación antes de que entre en vigor.
Es probable que RTD necesite una verdadera reforma de su sistema de gobierno. La cuestión pendiente es si esa reforma requiere reducir el número de cargos electos, o si un consejo de administración más sólido y totalmente elegido puede prestar un mejor servicio sin reducir el control público directo.